La violencia administrada: hipótesis incómoda detrás de la baja de homicidios

Nota al lector: esta entrega analiza hipótesis en discusión académica y periodística sobre la evolución de la violencia en México. Las líneas de investigación citadas son públicas y no constituyen imputación contra persona alguna.

Existe una explicación de la caída de los homicidios en México que ningún gobierno tiene incentivo para difundir y que ninguna oposición ha sabido articular. No supone que las cifras estén falsificadas ni que la política de seguridad haya fracasado. Supone algo más incómodo: que en amplias regiones del país el asesinato dejó de ser necesario porque el control criminal ya no requiere demostrarse.

La hipótesis tiene nombre técnico —violencia administrada, o regímenes criminales— y la han formulado centros de análisis dedicados al procesamiento de datos delictivos. Sostiene que la reducción del homicidio doloso no necesariamente implica menos violencia, sino violencia gestionada: territorios donde la autoridad de facto es tan estable que el cadáver público pierde utilidad como instrumento de disciplina.

Bajo esa lectura, menos muertos visibles no mide territorio recuperado. Mide territorio consolidado.

Los indicadores paralelos son los que sostienen la sospecha. Entre 2015 y 2025, la violencia letal acumulada en México creció 68.2 por ciento, las desapariciones 212.9 por ciento y la categoría residual de «otros delitos contra la vida y la integridad corporal» 368 por ciento, pese a que 2025 cerró con una reducción de 8.6 por ciento en el agregado. Las curvas de largo plazo no acompañan la narrativa de corto plazo.

La extorsión ofrece el contraste más nítido. Durante 2025 alcanzó su cifra anual más alta de la década con 11 mil 81 víctimas registradas, sobre un delito cuya cifra negra ronda el 97 por ciento. Es decir: el máximo histórico se construyó contando únicamente el tres por ciento que llega a una fiscalía. El delito que mejor describe el control territorial cotidiano es, simultáneamente, el peor medido.

Un dato adicional complica cualquier lectura simple. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 el homicidio doloso cayó 48 por ciento, pero las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron apenas 9.1. Casi 39 puntos de divergencia. Si hubiera 48 por ciento menos agresiones armadas, el número de heridos por bala debería haberse desplomado en proporción semejante. No ocurrió: las balaceras persisten y lo que se redujo fue el conteo de muertos por bala.

Hay al menos tres explicaciones posibles y ninguna resulta tranquilizadora. Que la atención prehospitalaria haya mejorado de manera extraordinaria en veintiún meses. Que los métodos letales estén migrando hacia técnicas de menor huella estadística —el estrangulamiento no genera heridos que lleguen a urgencias, ni casquillos, ni reportes de detonaciones. O que una parte de esos muertos esté siendo clasificada fuera del homicidio doloso.

La tercera vía tiene evidencia documental. En Sinaloa, durante diciembre de 2025, la fiscalía estatal dejó 38 muertes fuera del conteo de homicidios dolosos, distribuyéndolas en rubros como «causa de muerte por determinar», «homicidio por enfrentamiento» y «agresión a la autoridad». Entre ellas, un hombre localizado maniatado, con huellas de tortura y un mensaje junto al cuerpo.

El registro de personas desaparecidas presenta anomalías del mismo tipo, aunque en dirección contraria. Mientras 28 de las 32 entidades reportaron incrementos entre 2025 y 2026 —Campeche con 59 por ciento y Guanajuato con 54 a la cabeza—, dos estados registraron caídas que ninguna autoridad ha explicado: Jalisco con dos mil 522 casos menos y Tabasco con mil 410 menos. Eso no describe una reducción de violencia. Describe una depuración de registro.

Los multihomicidios de perfil institucional son la otra señal. En julio de 2026, un caso en el norte del país concentró diez víctimas que incluían a un exalcalde con intereses empresariales en minería y construcción, dos funcionarios municipales, un bombero y un líder ganadero. Ocho murieron por asfixia por estrangulamiento y dos por proyectil de arma de fuego. Las autoridades abrieron dos líneas de investigación: extorsión y colusión de servidores públicos. No hay personas detenidas.

Ese patrón —víctimas con vínculo institucional o económico, método de baja huella estadística, ausencia de denuncias previas y una línea abierta por colusión— es el que la hipótesis de la violencia administrada predice. No prueba nada por sí solo. Pero se repite.

Conviene registrar también lo que juega en contra de la tesis del maquillaje, porque el expediente no está cerrado en ninguna dirección. Durante el primer trimestre de 2026 bajaron de manera simultánea los homicidios dolosos, los culposos, los feminicidios, las desapariciones y los otros delitos contra la vida. Si hubiera trasvase de una categoría a otra, las receptoras tendrían que subir. En 2025 el patrón anómalo era visible; en 2026 se difumina.

Los propios centros de análisis manejan tres hipótesis plausibles y ninguna ha sido descartada: eficacia gubernamental, existencia de regímenes criminales que regulan la violencia territorialmente, e inconsistencias en los sistemas de información de policías y fiscalías. Tampoco se excluyen entre sí. Es perfectamente posible que las tres operen a la vez en distintas regiones del país.

Distinguirlas no es un ejercicio académico. Si la baja es real y producto de la estrategia, es la mejor noticia mexicana en quince años y merece reconocimiento. Si es producto de la clasificación, es fraude estadístico. Y si es producto de un control criminal más eficiente, es una pacificación que el Estado no conquistó.

La pregunta que ordena esta serie no es si los homicidios bajaron. Bajaron, y eso consta en dos registros oficiales distintos que se elaboran con metodologías independientes. La pregunta es qué se entregó a cambio, en qué territorios, y si alguien lleva la cuenta.