El hueco de 3.9% del PIB no es el déficit que aprueba el Congreso

El 8 de septiembre de 2026 la Secretaría de Hacienda envió al Congreso el Paquete Económico 2027. En los Criterios Generales de Política Económica el crecimiento del PIB aparece como un rango: de 1.5 a 2.5% real. El déficit presupuestario se fija en 3.4% del PIB. Los Requerimientos Financieros del Sector Público, el RFSP, se ubican en 3.9%. La frase que circula —“crecerá hasta 2.5% y el déficit será 3.9%”— junta el techo del rango con una medida más ancha que el déficit que vota la Cámara. La sorpresa no está en el adjetivo. Está en cuál número se está usando.

Los Criterios recortan lo que los Pre-Criterios habían puesto meses antes. Ahí el rango de 2027 era 1.9 a 2.9% y el de 2026, 1.8 a 2.8%. En el documento definitivo, 2026 baja a 1.0–2.0% y 2027 a 1.5–2.5%. Hacienda estima el PIB potencial cerca de 2.05%. El gasto corriente estructural propuesto crece 1.90% real, por debajo de ese potencial. El “hasta 2.5%” es el borde de arriba, no el piso.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos cifra el gasto neto total en 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. El déficit presupuestario suma 1 billón 358 mil 558.8 millones. En la Iniciativa de Ley de Ingresos, los ingresos presupuestarios del sector público —sin financiamientos— llegan a 9 billones 156 mil 528.9 millones. Los impuestos se estiman en 6 billones 263 mil 886.8 millones, 15.9% del PIB. El ISR solo, 3 billones 288 mil 975.3 millones. La pregunta de cantina, dicha en serio: si el Estado gasta más de diez billones, ¿de dónde sale el hueco y cómo se llama?

Se llama de dos maneras. El déficit presupuestario de 3.4% del PIB es la diferencia entre ingresos y gasto del presupuesto. El RFSP de 3.9% agrega necesidades fuera de esa foto: Pidiregas de CFE, IPAB, Fonadin, adecuaciones contables y otros ajustes que Hacienda cuantifica en 0.5 puntos del PIB. Por eso una nota puede decir 3.9 y un artículo del decreto, 3.4, sin que ninguno esté inventando. Son dos reglas. Mezclarlas es como cobrar la cuenta de la mesa y la de la cocina con el mismo ticket.

La deuda tampoco se queda quieta. El Saldo Histórico de los RFSP pasa de 54.0% del PIB al cierre estimado de 2026 a 55.0% en 2027. En el cuadro de indicadores, la deuda pública se anota en 55.8%. El costo financiero se estima en 1 billón 574 mil 950.2 millones de pesos, 4.0% del PIB, 11.8% real por encima del cierre 2026. Ese año el costo financiero había quedado 207.6 mil millones debajo de lo aprobado. En 2027 el renglón regresa. ¿Le suena lejano? Es el interés de la tarjeta del gobierno: no se ve en la despensa el martes, se ve cuando llega el estado de cuenta.

Los ingresos petroleros no sostienen la fiesta. Hacienda estima la mezcla mexicana en 61.8 dólares por barril en 2027, contra 78.4 del cierre 2026. La plataforma de líquidos se mantiene en 1.8 millones de barriles diarios. La exportación de crudo baja de 522.4 mil a 426.6 mil barriles. Los ingresos petroleros caen 14.4% real, a 984.5 mil millones, 2.5% del PIB. Compensan los no petroleros, que suben 6.6% real. El tipo de cambio de referencia cierra en 18.0 pesos por dólar; la inflación, en 3.0% a diciembre. El primer motor que describe el documento no es el pozo. Es el salario y el consumo de las casas.

Ahí entra lo que sí te pega en la quincena. Criterios reporta que en los primeros siete meses de 2026 el ingreso mediano real de los trabajadores subió 4.4%. La iniciativa de LISR cita el salario mínimo de 2026 en 315.04 pesos diarios —9,582.47 al mes— y 440.87 en la frontera norte. El mismo paquete propone un tope a las deducciones de empresas (96.67% o 99% de los ingresos acumulables, según el caso), bajar la deducción de intereses netos de 30 a 20% de la utilidad fiscal ajustada y limitar las pérdidas fiscales al 50% de la utilidad del ejercicio. Hacienda escribe que no crea impuestos nuevos ni sube tasas generales. El cambio está en la base del ISR. Si tu chamba depende de una empresa grande con mucha deuda o muchas deducciones, el efecto no llega mañana al puesto de tortillas. Llega al flujo de la firma.

El informe de aranceles del 9 de septiembre de 2025 al 8 de septiembre de 2026 suma otra capa al bolsillo. Se prorroga la exención de arancel a parte de la canasta básica hasta el 31 de diciembre de 2026, con cola al 31 de marzo de 2027 para quien tenga Licencia Única Universal. Al mismo tiempo se retiran 33 fracciones de esa lista —carnes, pescado, arroz, aceites, frijol, lácteos, entre otros— y el azúcar pasa a aranceles de 156% y 210.44% ad valorem. Otras 185 fracciones —textiles, acero, aluminio, autopartes, papel, químicos— cambian de tarifa. El documento habla de proteger industria y de apoyar a las familias. Las dos frases conviven en la misma carpeta.

Lo que sigue no es un tuit. Es el calendario del Congreso. La Cámara de Diputados tiene que desahogar la Ley de Ingresos y el Presupuesto. Los tomos ya fijaron el marco: crecimiento de 1.5 a 2.5%, déficit presupuestario de 3.4%, RFSP de 3.9%, deuda histórica de 55.0% del PIB. Quien oiga “vamos a crecer 2.5% con un déficit de 3.9%” puede hacer una sola pregunta, en la oficina o en la mesa: ¿estás hablando del techo del rango o del punto de en medio, y ese 3.9 es el déficit del presupuesto o el RFSP? La respuesta cabe en los papeles de Hacienda. No cabe en una sola cifra.