El conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación entró en una nueva etapa política. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno consultará directamente a maestras y maestros del país a partir de agosto, escuela por escuela, para discutir el futuro de la Usicamm y construir un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento docente.

La decisión modifica el terreno de la negociación. Hasta ahora, las conversaciones habían estado concentradas en las mesas entre autoridades federales y representantes de la CNTE. La consulta directa amplía la interlocución y reduce el peso exclusivo de las dirigencias sindicales, aunque el Ejecutivo asegura que el diálogo formal no está cerrado.

La Coordinadora mantiene una posición crítica. Durante sus movilizaciones ha difundido la consigna “Claudia, mentiste con abrogar la ley del ISSSTE”, con la que reclama el cumplimiento de compromisos políticos y exige revertir la reforma de 2007 al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

El choque no se limita a la Usicamm. La CNTE demanda la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un sistema solidario de jubilaciones y la revisión de las reformas educativas impulsadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, además de los cambios aplicados durante la administración actual.

La confrontación aumentó después de que una reunión con autoridades educativas fue cancelada el 12 de junio. La Coordinadora respondió con un bloqueo en Paseo de la Reforma y anticipó nuevas movilizaciones.

El Gobierno enfrenta un dilema. Un endurecimiento del discurso puede ampliar la distancia con un movimiento que históricamente se ha identificado con causas de izquierda. Una negociación sin resultados también puede prolongar las protestas y debilitar la capacidad institucional para procesar demandas laborales.

La consulta anunciada por Sheinbaum busca recuperar iniciativa política. Su resultado dependerá de dos factores: la credibilidad del mecanismo entre las bases docentes y la capacidad del Ejecutivo para ofrecer alternativas concretas en pensiones, carrera magisterial y seguridad social.