Seis meses de indagatoria y cero denuncias: el caso del contralor del INE y el entorno de Taddei
Monreal atribuye al debido proceso la falta de denuncias del OIC del INE, mientras el PAN busca citar al contralor que detectó depósitos de proveedores y omisiones por 5.6 mdp, según El Universal.
Por Juan Pablo Ojeda
La ausencia de denuncias tras más de seis meses de investigación interna en el Instituto Nacional Electoral abrió un nuevo frente en la Cámara de Diputados, luego de que El Universal publicara que el Órgano Interno de Control conocía de presuntos contratos irregulares a proveedores cercanos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
Según el diario, el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras informó a legisladores el 9 de septiembre que las auditorías internas habían detectado inconsistencias patrimoniales, conflictos de interés y flujos financieros irregulares, en coincidencia con las indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Entre los hallazgos que expuso figuran depósitos bancarios a servidores públicos por parte de proveedores del instituto, personal que no declaró ser accionista de empresas y omisiones de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en las declaraciones patrimoniales.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó este lunes la existencia de esas pesquisas. De acuerdo con lo publicado, dijo que sabía que el OIC había iniciado investigaciones desde hace seis meses por distintas irregularidades y conflictos de interés, y que no han concluido porque se debe dar oportunidad a los señalados de desahogar pruebas y alegatos antes de la resolución.
La postura contrasta con la del coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, quien adelantó la presentación de un punto de acuerdo para citar a comparecer al titular del OIC. El legislador cuestionó cómo se llegó a lo que calificó como un “gravísimo exceso” sin una advertencia formal del órgano de control y advirtió que la complacencia podría enviar un mensaje de impunidad.
El Universal destaca que, durante la sesión de septiembre, que duró más de dos horas, ningún diputado formuló preguntas sobre los hallazgos. La mayor parte del informe se dedicó a presentar resultados de austeridad, como la recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso y un ahorro de 131 mil 144 pesos en viáticos.
El contralor también reportó que en el primer semestre de 2026 se sancionó a seis servidores públicos con multas por 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años, por faltas graves que incluyeron documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo.
Carvente aprovechó la reunión para solicitar una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues afirmó que el SAT le niega el acceso a información fiscal y bancaria de los altos funcionarios del INE, lo que limita la detección oportuna de posibles triangulaciones.
El reporte añade que expertos y observadores electorales han criticado la cercanía operativa entre el contralor y la expresidenta del instituto, y que acusan al OIC de haber reactivado a finales de 2025 una queja archivada desde 2021 contra las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera, considerados críticos de la gestión de Taddei.
Este caso se suma a la revisión de la ASF difundida por el mismo diario, en la que se identificó a 57 personas físicas que habrían obtenido contratos del INE mientras eran funcionarias activas.
El contraste entre ambas posturas refleja el debate sobre los tiempos de los procedimientos administrativos, que suelen incluir etapas de investigación, calificación de faltas, audiencias y resolución antes de cualquier sanción.
Para la oposición, la pregunta central es por qué hallazgos expuestos desde septiembre no se tradujeron aún en acciones formales; para la mayoría, apresurar el proceso podría vulnerar los derechos de las personas investigadas.
El punto de acuerdo del PAN deberá seguir el trámite legislativo correspondiente antes de que pueda concretarse una comparecencia.
Las irregularidades descritas son, por ahora, señalamientos bajo investigación; ninguna autoridad ha emitido resolución definitiva al respecto.
