Ocho votos y mil millones: el ángulo de los OPLE en la polémica entrevista sobre Taddei
Por Juan Pablo Ojeda
Más allá del escándalo personal, la entrevista que Yohali Reséndiz concedió a Adela Micha el 27 de octubre en el canal La Saga plantea una pregunta de fondo sobre el sistema electoral: ¿se puede influir en la designación de consejeros locales para beneficiar a proveedores? La periodista de Opinión 51 sostiene, según un testigo anónimo, que eso ocurría. Revisamos qué está acreditado.
El punto de partida es legal y verificable. El artículo 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los consejeros de los organismos públicos locales electorales se designan con el voto de al menos ocho integrantes del Consejo General del INE. Quien controle esos votos tiene peso en la integración de los 32 institutos estatales.
Según el testigo citado por Reséndiz, una casa en Picacho 259, en Jardines del Pedregal, servía como centro de operaciones del proveedor José Alfredo Hernández Casillas para colocar consejeros en los OPLE con apoyo de la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y luego repartir contratos. Esta versión no ha sido corroborada por ninguna autoridad.
Lo que sí está documentado es la dimensión económica. La Jornada reporta 1,450 millones de pesos en 49 contratos con el INE entre 2018 y 2025. La Razón, al sumar los contratos con organismos locales, estima cerca de 1,767 millones. Son cifras que superan con holgura los mil millones mencionados en la entrevista.
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas, entre ellas Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Comercializadora Grupo Selati. Reforma informó el 24 de octubre que la Auditoría Superior de la Federación detectó contratos simulados por 514 millones de pesos.
En el plano local, el caso tiene un precedente: en 2021, cuando Taddei presidía el Instituto Estatal Electoral de Sonora, ese organismo otorgó a Cajas Graf un contrato por 46.9 millones de pesos. En la entrevista se dijo que en el «INE Sonora» solo se favoreció a esas empresas; la institución correcta es el IEE, y la exclusividad no está demostrada.
Según el testigo, en Picacho 259 también se entregaba dinero en efectivo a consejeros. Es la acusación más delicada para el sistema de OPLE, y también una de las que carecen de sustento documental hasta ahora. Lo mismo ocurre con la afirmación de que la empresa Litho Formas funcionaba como facturera.
La entrevista llegó a sugerir que una relación así permitiría fraudes como boletas dobles o urnas de doble fondo. La propia conversación lo planteó como posibilidad, y no existe ningún indicio documentado de que algo así haya ocurrido en una elección.
El contexto político es de alta tensión: Taddei anunció su renuncia el 25 de octubre y la entregó a la Cámara de Diputados el 26, tras la difusión, el 20 de octubre, de un video de Latinus en el que aparece con el proveedor. Su chofer desde abril de 2025, Jonathan Navarrete, es apoderado de Corporativo ZEG desde 2023.
Conviene subrayar que el voto de ocho consejeros es un requisito público y que las designaciones de los OPLE quedan registradas en acuerdos del Consejo General. Es decir, existen documentos que permitirían revisar quién votó cada nombramiento, algo que podría servir para contrastar, en su momento, la versión del informante.
Los partidos y especialistas en materia electoral han advertido en distintos momentos sobre la importancia de que los organismos locales mantengan su autonomía. Por eso, cualquier indicio de que un proveedor haya incidido en su integración merece una investigación seria, pero también exige pruebas antes de darse por hecho.
Si los dichos del testigo llegaran a probarse, el caso obligaría a revisar los procesos de designación en los OPLE. Por ahora, lo acreditado son los contratos y las investigaciones financieras; la presunta compra de votos de consejeros sigue siendo un señalamiento pendiente de pruebas.
