Durante el periodo señalado, el Congreso de la Ciudad de México sesionó en cinco ocasiones como Constituyente Permanente para analizar y votar las minutas enviadas por el Congreso de la Unión. De acuerdo con información legislativa, las reformas abarcaron temas considerados estructurales en el marco constitucional federal.

Entre las modificaciones más relevantes destaca la reforma al artículo 123 constitucional en materia de reducción de la jornada laboral, aprobada el 26 de febrero. La minuta establece el tránsito gradual de 48 a 40 horas semanales, sin reducción salarial ni de prestaciones, así como la regulación del tiempo extra, con un máximo de 12 horas semanales. La propuesta fue remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El 27 de marzo, el Congreso capitalino aprobó otra minuta relacionada con el artículo 127 constitucional, con el objetivo de establecer límites a las llamadas “pensiones y jubilaciones doradas” otorgadas a exfuncionarios. La medida fue enviada por el Senado de la República y forma parte de una agenda orientada a la contención del gasto público en remuneraciones.

Posteriormente, el 9 de abril, el Pleno avaló una reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculada a la reducción de regidurías municipales, la adecuación de presupuestos de congresos estatales y la regulación de sueldos de funcionarios electorales. La minuta, asociada al denominado “Plan B” electoral, generó un debate político relevante al interior del Congreso local, con votos divididos entre las distintas fuerzas parlamentarias.

El 21 de abril se aprobó una minuta para reformar el artículo 73 constitucional, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de combate al feminicidio. La decisión fue presentada como un paso hacia la homologación de criterios legales para atender este delito a nivel nacional.

Finalmente, el 29 de mayo, el Congreso capitalino aprobó dos minutas adicionales: una para aplazar la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028 y otra para establecer la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral, mediante la modificación del artículo 41 constitucional. Ambas reformas fueron remitidas por el Senado de la República y discutidas en un contexto de posiciones encontradas entre legisladores.

En conjunto, las seis minutas reflejan una agenda legislativa de amplio alcance impulsada desde el ámbito federal y ratificada por los congresos locales en su papel de Constituyente Permanente, en un periodo marcado por debates sobre derechos laborales, fortalecimiento institucional y regulación electoral.