Clara Brugada impulsa defensa jurídica gratuita para proteger viviendas y patrimonio
Con 100 abogadas y abogados especializados, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, un mecanismo de atención jurídica gratuita que busca acercar la justicia a personas que enfrentan despojos, conflictos laborales, abandono familiar, problemas sucesorios y dificultades para regularizar sus propiedades.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de esta instancia en la plancha del Zócalo capitalino, donde sostuvo que el acceso a la justicia no debe depender de la capacidad económica, las influencias o el poder de las personas. El servicio operará los lunes a partir de las 16:00 horas y pretende convertirse en una primera vía de orientación y acompañamiento legal para sectores con dificultades para acceder a representación jurídica.
Brugada señaló que la nueva defensoría forma parte de la **Estrategia Integral contra el delito de Despojo**, presentada por su administración para prevenir, investigar y sancionar este ilícito, además de brindar respaldo a las víctimas. La mandataria subrayó que la protección patrimonial debe considerar no sólo la persecución de quienes cometen despojos, sino también medidas preventivas como la regularización y escrituración de inmuebles.
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, la administración local estima que sólo una tercera parte de las denuncias relacionadas con posibles despojos corresponde efectivamente a este delito, mientras que el resto se vincula con otras conductas ilícitas. Esta distinción plantea el reto de que la nueva estructura cuente con mecanismos suficientes para canalizar cada caso a la autoridad competente y evitar que la orientación jurídica sustituya las investigaciones ministeriales o los procesos judiciales correspondientes.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que durante las primeras horas de operación se recibieron numerosas solicitudes de atención. Para dar seguimiento a los casos, se entregó a las personas usuarias un carnet de citas, mientras que la estrategia contempla coordinación con instituciones judiciales, organismos de derechos humanos, notarías y autoridades locales y federales.
Como parte de esta política, Brugada Molina anunció además la creación de defensorías especializadas en materia inquilinaria, para las Mujeres y para personas adultas mayores. También planteó una reestructuración de la Procuraduría Social para transformarla en una Defensoría Social de la Ciudad de México, con la intención de ampliar la cobertura de servicios jurídicos y sociales.
El Poder Judicial de la Ciudad de México también participará en el esquema de orientación. Su presidente, Rafael Guerra Álvarez, explicó que la institución podrá informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los juicios, los documentos necesarios y los juzgados a los que corresponde acudir, pero sin intervenir en la imparcialidad ni en el desarrollo de los procesos judiciales.
La participación de distintas instituciones busca evitar que las personas lleguen a los tribunales sin información sobre los procedimientos que deben seguir. Sin embargo, la efectividad de la Defensoría Social dependerá de su capacidad para atender la demanda, dar seguimiento real a los casos y garantizar que la asesoría gratuita se traduzca, cuando corresponda, en representación jurídica efectiva y acceso oportuno a las autoridades competentes.
El nombre de la instancia rinde homenaje a Ponciano Arriaga, impulsor de la Procuraduría de Pobres en San Luis Potosí, referente histórico de la defensa jurídica de sectores en situación de vulnerabilidad. El Gobierno capitalino sostuvo que el objetivo actual es recuperar esa visión de la justicia social mediante servicios legales accesibles para quienes enfrentan conflictos que pueden comprometer su patrimonio, vivienda o derechos.
La puesta en marcha de la Defensoría “Ponciano Arriaga” representa así un nuevo componente de la política capitalina contra el despojo y de acercamiento de los servicios jurídicos a la población. El principal desafío será convertir la atención instalada en el Zócalo en una herramienta permanente, con capacidad de respuesta, seguimiento institucional y resultados verificables para las personas que soliciten apoyo.
Fuentes: Gobierno de la Ciudad de México; Consejería Jurídica y de Servicios Legales; Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
