El diputado federal Emilio Ramón Ramírez Guzmán, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, inició un procedimiento de revisión legislativa ante las denuncias de hostigamiento y despojo patrimonial en contra de parteras de la Casa Materna de San Cristóbal de las Casas. El legislador señaló que las acciones de mandos medios del IMSS Bienestar y de la COFEPRIS violan de forma directa el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La investigación parlamentaria se centra en la desaparición de una ambulancia adquirida mediante recursos comunitarios, la cual fue retirada de las instalaciones bajo la justificación de una reparación mecánica y cuyo paradero actual no ha sido notificado formalmente. Este hecho se suma a la sustracción de mobiliario de trabajo y equipo médico de exploración que formaba parte del inventario físico de la Casa Materna desde la inauguración del Hospital de las Culturas.

Ramírez Guzmán calificó la actuación de los administradores hospitalarios como una muestra de ignorancia jurídica respecto a los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, incluyendo el convenio 169 de la OIT. El bloque legislativo prepara una iniciativa de reforma de ley para establecer la obligatoriedad presupuestal y de contratación de personal bilingüe e indígena dentro de los organigramas de la administración pública de salud.

Los testimonios integrados al expediente de la comisión legislativa consignan que personal de enfermería, bajo el mando de la supervisión técnica del hospital, expulsó de las instalaciones a una partera tradicional y a su paciente en labor de parto a la 01:00 horas. El procedimiento médico tuvo que concluirse en la vía pública sin condiciones de asepsia, lo que constituye un delito de violencia obstétrica institucional tipificado en el código penal vigente.

La COFEPRIS ha emitido notificaciones de apercibimiento administrativo a las parteras de Tenejapa, Huixtán y Oxchuc, amenazándolas con la imposición de multas económicas y clausuras de sus centros de atención si continúan ejerciendo la medicina tradicional. Estas acciones regulatorias contradicen el estatus de patrimonio inmaterial de la humanidad otorgado por la UNESCO a los saberes de la partería indígena.

El desvío de pacientes mediante la difusión de información falsa por parte de los operadores del IMSS Bienestar en los municipios periféricos forma parte de las conductas bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El personal de las clínicas rurales notifica formalmente a las gestantes que la Casa Materna ya no se encuentra en operaciones, con el objetivo de centralizar la facturación de servicios médicos.

El marco legal que impulsa la Comisión de Pueblos Indígenas busca sancionar penalmente a los funcionarios de nivel medio que obstaculicen el ejercicio de la medicina tradicional o restrinjan el acceso de las parteras a los recintos hospitalarios. Las comparecencias de los titulares del sector salud de Chiapas serán programadas ante el pleno legislativo una vez que concluya la integración de las carpetas de evidencia testimonial.