248 jubilados aceptan apoyo único de la Cámara; otros siguen en protesta y tribunales
Un total de 248 jubilados de la Cámara de Diputados aceptaron un pago único de aproximadamente 56 mil pesos ofrecido por la institución, mientras…
Por Bruno Cortés
Un total de 248 jubilados de la Cámara de Diputados aceptaron un pago único de aproximadamente 56 mil pesos ofrecido por la institución, mientras otro sector mantiene la presión: alrededor de 250 extrabajadores bloquearon este 4 de noviembre los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro y un grupo más espera la resolución de demandas en tribunales laborales.
El panorama, descrito en el boletín 4868 de la Cámara, muestra un conflicto con tres caras: quienes optaron por el acuerdo, quienes se manifiestan en las puertas del recinto y quienes buscan que un juez les dé la razón. Todos coinciden en un punto de partida: reclamar un apoyo económico adicional a sus pensiones.
La demanda original asciende a aproximadamente 14 mil pesos mensuales por persona, más 50 mil pesos a finales de cada año. Según la Cámara, la suma total implicaría cerca de 114 millones de pesos anuales, recursos que se agregarían a lo que los jubilados ya reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) conforme a la ley.
Para quienes aceptaron, la oferta significa recibir de una sola vez el equivalente a cuatro meses del apoyo solicitado. La Cámara presentó esta alternativa como respuesta a las restricciones presupuestales que, afirma, le impiden asumir un compromiso permanente con las cantidades que se le exigen.
Para quienes protestan, la propuesta se queda corta. El bloqueo de los accesos a San Lázaro es la expresión más visible de ese desacuerdo, y busca presionar para que la institución reconsidere su postura o abra la puerta a una solución que vaya más allá de un solo pago.
El tercer frente es el judicial. Un grupo de jubilados de la Cámara recurrió a los tribunales en materia laboral para solicitar los apoyos extraordinarios. El boletín no precisa cuántas personas integran ese grupo ni en qué etapa se encuentran los procedimientos, solo que la resolución está pendiente.
Ante este escenario, la Cámara apostó por el diálogo. El presidente de la Mesa Directiva y el secretario general de la institución se reunirán esta mañana con una comisión de representantes de los jubilados y pensionados, con el propósito de encontrar una solución institucional al conflicto.
La coexistencia de un acuerdo mayoritario, una protesta activa y litigios abiertos complica la búsqueda de una salida única. Cualquier arreglo con quienes se manifiestan deberá considerar a quienes ya aceptaron el pago, así como el posible efecto de las resoluciones judiciales que aún no se conocen.
El caso se desarrolla durante la LXVI Legislatura, en un año que la Cámara ha dedicado a Margarita Maza Parada. Más allá del monto en disputa, el conflicto plantea preguntas sobre la manera en que las instituciones públicas atienden a su personal una vez que concluye su vida laboral.
En términos de cifras, la diferencia entre lo pedido y lo ofrecido es considerable. Un año completo de apoyos, con doce mensualidades y el pago de fin de año, sumaría unos 218 mil pesos por persona; el pago único equivale a alrededor de 56 mil pesos, es decir, cerca de una cuarta parte de esa cantidad.
Esa brecha explica en buena medida las distintas decisiones que han tomado los jubilados. Para algunos, recibir una cantidad segura de inmediato resulta preferible a un litigio de resultado incierto; para otros, aceptar el pago único equivaldría a renunciar a un apoyo que consideran justo y necesario.
La comisión de representantes que acudirá a la reunión deberá llevar a la mesa esa diversidad de posiciones, en un encuentro donde la Cámara buscará sostener su oferta y los inconformes intentarán mejorar las condiciones.
La jornada de este miércoles será determinante. Si la reunión con la comisión de representantes prospera, el bloqueo podría terminar; de lo contrario, el conflicto seguirá dividido entre quienes aceptaron, quienes protestan y quienes esperan la decisión de los tribunales laborales.
