Bancada priista va por auditoría integral al INE y por la reforma salarial

Por Bruno Cortés

Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.— Una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral y la conclusión del trámite de la reforma salarial fueron las dos demandas que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, colocó sobre la mesa en conferencia de prensa. Para la segunda, anunció que su bancada promoverá una moción suspensiva en la discusión del próximo presupuesto.

Respecto al INE, el diputado afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto no resuelve los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones. Las investigaciones, dijo, deben aclarar las responsabilidades de quienes intervinieron en las licitaciones y definir si hubo omisiones de los funcionarios responsables de supervisarlas.

La salida de Taddei se formalizó ante la Cámara de Diputados en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés y por contrataciones con proveedores del organismo. El País publicó que la Auditoría Superior de la Federación abrió investigaciones relacionadas con el caso. Esas pesquisas, no obstante, no equivalen a una resolución de responsabilidad.

“Una investigación completa de lo que sucedió”, exigió el coordinador. Moreira pidió que la revisión cubra los procedimientos y sistemas del instituto —entre ellos el Registro Federal de Electores— y que llegue a los 32 organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.

También planteó averiguar si existió influencia indebida en la integración de los organismos locales o en la selección de sus proveedores. Sus afirmaciones sobre una posible vulneración de los procesos electorales constituyen señalamientos políticos: durante la conferencia no presentó pruebas que acrediten alteraciones en boletas, credenciales o resultados.

En opinión del legislador, las dudas en torno a las contrataciones demandan medidas para recobrar la confianza antes de las elecciones de 2027. Por eso llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer la gravedad de los cuestionamientos, y sostuvo que el relevo en la presidencia del INE debe venir acompañado de una revisión institucional.

Moreira pidió que la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del instituto se emita pronto, y propuso que los tres partidos de oposición seleccionen a los integrantes del comité de evaluación. Este es su planteamiento político; no se trata de un procedimiento aprobado o anunciado por la Cámara de Diputados.

Sobre la reforma salarial, informó que entregó una nueva solicitud a la Mesa Directiva del Senado para que emita la declaratoria correspondiente y concluya el trámite. Según su exposición, la modificación ya obtuvo el respaldo de legislaturas estatales, aunque sigue pendiente el proceso necesario para publicarla.

El coordinador ilustró el alcance que atribuye a la reforma con dos casos: médicos del IMSS con un salario tabular de 13 mil pesos mensuales y policías municipales con ingresos promedio de entre ocho mil y nueve mil pesos. Con las reglas aprobadas, afirmó, los trabajadores beneficiarios deberían percibir alrededor de 20 mil pesos. Las cantidades corresponden a lo dicho por el diputado y no representan un aumento vigente confirmado.

“Pondremos una moción suspensiva”, adelantó al describir la acción de su bancada en la discusión presupuestal. El propósito, explicó, es pedir a los diputados que no voten el presupuesto mientras no se publique la reforma. Se trata de una estrategia parlamentaria del PRI, que no implica una suspensión automática del debate.

El diputado cuestionó igualmente a dirigentes sindicales que respaldaron en público la modificación y que, según su valoración, ahora callan ante el trámite pendiente. Les pidió acompañar la exigencia para que los beneficios salariales lleguen a médicos, personal de enfermería, policías y los demás trabajadores comprendidos.

En síntesis, Moreira planteó esclarecer las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales y concluir el procedimiento de una reforma que, a su juicio, debe traducirse en mejores ingresos. En los dos temas, reclamó que las decisiones institucionales produzcan resultados verificables para la ciudadanía.