Congreso CDMX exige separar intereses partidistas del ejercicio del poder tras dichos de Fox
Morena y PRD impulsaron un pronunciamiento contra las declaraciones del expresidente; el debate reavivó la controversia sobre la equidad electoral y la imparcialidad de los mandatarios en los procesos democráticos.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para expresar su censura institucional a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien reconoció haber trabajado para favorecer el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006. El pronunciamiento reabrió el debate sobre la intervención del poder Ejecutivo en los procesos electorales, la equidad de las contiendas y el respeto a la voluntad ciudadana.
La resolución, promovida por los diputados de Morena Ángel Tamariz Sánchez y del PRD Pablo Trejo Pérez, fue avalada durante la sesión ordinaria del 5 de noviembre, después de una discusión entre legisladores de distintas fuerzas políticas. El documento sostiene que la soberanía popular, la lealtad constitucional y la imparcialidad en el servicio público deben estar por encima de cualquier interés personal o partidista.
El posicionamiento surgió luego de que el pasado 3 de noviembre se difundieran declaraciones de Vicente Fox en una entrevista con un medio de comunicación español, en las que aseguró que intervino políticamente para contribuir al triunfo de Felipe Calderón y mantener al Partido Acción Nacional (PAN) en la Presidencia de la República.
Durante su intervención en tribuna, Ángel Tamariz calificó las afirmaciones del exmandatario como un asunto de relevancia histórica, política e institucional. Sostuvo que un presidente tiene la obligación de garantizar condiciones de equidad y no utilizar la estructura o influencia del cargo para favorecer a un candidato de su partido.
El legislador también recordó que, durante la calificación de la elección presidencial de 2006, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) examinó diversas expresiones del entonces presidente Fox. De acuerdo con la resolución jurisdiccional, sus intervenciones representaron un riesgo para la validez de los comicios; sin embargo, el Tribunal determinó que no existían elementos suficientes para considerarlas determinantes en el resultado y declaró válida la elección.
Por su parte, Pablo Trejo consideró que las declaraciones del expresidente representan un reconocimiento de conductas contrarias a las obligaciones constitucionales del titular del Ejecutivo. El diputado perredista sostuvo que Fox debería ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía por admitir que trabajó para favorecer al candidato de su propio partido.
Durante el debate, legisladores de Morena coincidieron en que las afirmaciones del exmandatario constituyen un agravio a la democracia y a la voluntad popular. Alberto Martínez Urincho, Juan Estuardo Rubio Gualito, Víctor Gabriel Varela López, Alberto Vanegas Arenas y Brenda Ruiz Aguilar respaldaron el pronunciamiento y cuestionaron el uso del poder presidencial con fines electorales.
En contraste, las diputadas y los diputados del PAN Claudia Montes de Oca del Olmo, Laura Álvarez Soto, Daniela Álvarez Camacho, Frida Jimena Guillén Ortiz, Andrés Sánchez Miranda y Raúl Torres Guerrero defendieron la independencia de las instituciones electorales como condición fundamental para preservar la democracia. Durante sus intervenciones también señalaron antecedentes de presunta intervención de otros expresidentes en procesos electorales, entre ellos Andrés Manuel López Obrador.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), sostuvo que el Estado debe colocarse por encima de cualquier visión empresarial o interés particular, al considerar que los derechos político-electorales de la población deben garantizarse sin distinciones partidistas.
Además de expresar su censura a Fox, el Punto de Acuerdo exhorta a las personas titulares de los poderes ejecutivos y a las autoridades públicas a mantener una separación clara entre sus responsabilidades institucionales y los intereses partidistas. También plantea preservar la imparcialidad en el ejercicio del servicio público y garantizar la integridad de los procesos democráticos.
El pronunciamiento legislativo coloca nuevamente bajo discusión el papel de los presidentes en las contiendas electorales y la responsabilidad que tienen de actuar como garantes de la legalidad. Sin embargo, la censura política del Congreso capitalino no modifica por sí misma el resultado jurídico de la elección de 2006 ni constituye una nueva determinación judicial sobre la validez de aquellos comicios.
La controversia también plantea un desafío para las distintas fuerzas políticas: exigir imparcialidad electoral no puede limitarse a cuestionar las actuaciones de sus adversarios, sino que debe convertirse en un principio aplicable a todos los gobiernos y partidos, independientemente de quién ocupe la Presidencia.
Fuentes: Congreso de la Ciudad de México; Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
