G9 pide modificar Ley de Rentas en CDMX y conservar libertad para negociar nuevos contratos.
La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno capitalino y el sector empresarial. El Grupo G9, a través de Carlos Valladares, advirtió que mantener límites a los incrementos de renta incluso cuando cambia el inquilino podría desincentivar la oferta de vivienda en alquiler, reducir la inversión inmobiliaria y restringir la libertad de negociación entre propietarios y arrendatarios.
La agrupación empresarial planteó modificar el proyecto presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para que el límite anual de aumentos conforme a la inflación se aplique únicamente durante la vigencia del contrato y sus renovaciones con el mismo arrendatario. En caso de concluir la relación contractual y comenzar una nueva con otra persona, propietarios e inquilinos deberían tener libertad para establecer el precio inicial de la renta.
La propuesta fue expuesta por el G9 en un posicionamiento difundido el 5 de noviembre, en el que reconoció la importancia de prevenir incrementos desproporcionados y brindar estabilidad a las familias que rentan, pero sostuvo que la regulación también debe considerar las condiciones del mercado inmobiliario y generar incentivos para conservar y ampliar la disponibilidad de viviendas en arrendamiento.
Uno de los principales desacuerdos se encuentra en el alcance del tope inflacionario. La iniciativa del Gobierno capitalino establece que los incrementos anuales de las rentas no podrán superar la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), independientemente de que exista un cambio de persona arrendataria. Para el sector empresarial, esta disposición podría hacer que una renta acordada bajo condiciones particulares permanezca como referencia para contratos posteriores.
Carlos Valladares, representante del sector inmobiliario, señaló en entrevista con Imagen Radio que los controles sobre los precios de arrendamiento pueden generar incentivos adversos y reducir la cantidad de inmuebles disponibles en el mercado formal. El G9 considera que, si los propietarios pierden margen para establecer nuevas condiciones económicas cuando cambia el inquilino, podrían disminuir los estímulos para mantener, mejorar o incorporar viviendas al mercado de alquiler.
Como alternativa, el grupo empresarial propuso impulsar esquemas de vivienda asequible mediante incentivos fiscales, en lugar de concentrar la regulación en restricciones a los precios. También manifestó su disposición a participar en mesas de trabajo con legisladores para presentar modificaciones relacionadas con el Registro Digital de Contratos, la efectividad de las garantías y el funcionamiento imparcial de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias.
La iniciativa de Brugada fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2026 y contempla una serie de mecanismos para regular el mercado de arrendamiento habitacional. Entre ellos destacan el límite a los aumentos anuales de renta, un registro digital obligatorio de contratos a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias y disposiciones para fortalecer la protección de los derechos de las personas arrendatarias.
Desde la perspectiva del Gobierno capitalino, la propuesta busca evitar incrementos desproporcionados, combatir la especulación inmobiliaria y atender los procesos de desplazamiento asociados con el encarecimiento de la vivienda. Clara Brugada ha sostenido que la regulación no representa un congelamiento de rentas ni una afectación al derecho de propiedad, sino una medida para establecer condiciones más equilibradas entre quienes ofrecen y quienes necesitan una vivienda.
El proyecto también se encuentra sujeto a un proceso de discusión legislativa. De acuerdo con el Congreso capitalino, del 6 al 17 de noviembre se realizarán diez mesas de diálogo para escuchar a representantes empresariales, organizaciones sociales, especialistas, académicos y ciudadanía. Las conclusiones deberán ser consideradas por las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia durante la elaboración del dictamen.
La iniciativa todavía no ha sido aprobada ni se encuentra vigente. Fue turnada a las comisiones correspondientes el 20 de octubre, que cuentan con 45 días hábiles para elaborar el dictamen, con posibilidad de solicitar una prórroga por un periodo igual, conforme al procedimiento legislativo informado por el Congreso.
La discusión coloca sobre la mesa dos preocupaciones que deberán conciliarse durante el proceso legislativo: proteger la capacidad económica de las personas que rentan y evitar que las nuevas disposiciones reduzcan las alternativas habitacionales disponibles. Sin embargo, las advertencias del sector empresarial sobre una posible contracción de la oferta constituyen una previsión que deberá contrastarse con evidencia del mercado y no un efecto demostrado de la iniciativa.
El debate también exigirá evaluar si los mecanismos propuestos para regular los contratos, garantizar la seguridad jurídica y contener los incrementos de renta serán suficientes para atender el problema de acceso a la vivienda en la capital, donde el encarecimiento de los alquileres representa uno de los principales desafíos para miles de hogares.
