Un filtro para quien quiera repetir: la reforma que exigiría cuentas limpias a los alcaldes antes de reelegirse
Una iniciativa del PVEM en el Senado plantea que la reelección municipal pase antes por un requisito: haber solventado las observaciones de auditoría.
Por Bruno Cortés
La reelección de presidentas y presidentes municipales lleva poco más de una década en la Constitución y, desde entonces, ha abierto una pregunta incómoda en muchas comunidades: ¿qué pasa cuando quien pide un segundo periodo todavía no ha aclarado cómo gastó el dinero del primero? Una iniciativa presentada en el Senado de la República propone responder con un requisito concreto: si hay observaciones de auditoría sin solventar, no hay candidatura para repetir en el cargo.
La propuesta es de la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y representante de Morelos, según informó el grupo parlamentario de ese partido en su boletín 708-2026, difundido este domingo 25 de octubre. El planteamiento consiste en reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional, el que regula la elección consecutiva en los ayuntamientos.
De la libertad de repetir a un requisito previo
Hoy el artículo 115 permite que las constituciones de los estados establezcan la elección consecutiva para un periodo adicional de presidentes municipales, regidores y síndicos, siempre que el periodo del mandato no sea mayor de tres años. La iniciativa de la senadora añadiría una condición: que no pueda elegirse de nuevo a la alcaldía quien, durante el periodo que ejerció, no haya solventado las observaciones derivadas de auditorías.
En la práctica, la reforma funcionaría como un filtro en la puerta de entrada de las candidaturas. No se trata de una sanción penal ni de una inhabilitación administrativa, sino de una restricción política: quien tenga cuentas pendientes con los órganos de fiscalización no podría competir para quedarse otros tres años al frente del municipio.
De acuerdo con el boletín, el objetivo declarado es combatir la corrupción y la impunidad, «particularmente en el caso de alcaldes y presidentes municipales». La legisladora sostuvo que, de aprobarse, el cambio permitiría identificar a las personas que están observadas por la Auditoría y traería ventajas directas para que las comunidades cuenten con mejores servicios.
El problema del calendario
El argumento central de la iniciativa es de tiempos. Según explicó la senadora, las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos. Cuando las observaciones finalmente se notifican, la presidenta o el presidente municipal suele estar en el último tramo de su gestión o, incluso, fuera del cargo.
Ese desfase, a su juicio, es justamente lo que convierte la reelección en un punto débil: un aspirante puede inscribirse para un segundo periodo mientras las dudas sobre su primera administración siguen abiertas. La reforma buscaría que esa revisión pendiente deje de ser un trámite que corre en paralelo a la campaña y se convierta en una condición para competir.
La senadora agregó que, en algunos casos, los exalcaldes no solo no rinden cuentas, sino que también han sido vinculados con la delincuencia organizada.
El ejemplo que puso sobre la mesa
Para ilustrar su propuesta, la legisladora citó el caso de Jesús «N», expresidente municipal de Cuautla, Morelos, quien, según el boletín, está vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas. La senadora señaló que esa administración no solventó la cuenta pública de 2020 ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), donde se encontraron diversas irregularidades, entre ellas un faltante de 10 millones de pesos, y que aun así se inscribió para volver a buscar la presidencia municipal. Se trata de una persona que goza de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Qué está en juego para los vecinos
Más allá de los casos individuales, la iniciativa pone el acento en el impacto cotidiano. De acuerdo con la senadora, cuando las observaciones no se aclaran, se heredan a las administraciones siguientes y terminan afectando servicios como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos.
Dicho de otro modo: el gobierno que llega recibe no solo el municipio, sino también los pendientes de quien se fue, y una parte de su presupuesto y de su capacidad administrativa se va en atender problemas ajenos.
Lo que falta definir
Como toda reforma constitucional, la propuesta necesitaría el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. El boletín del PVEM no precisa a qué comisiones fue turnada.
Tampoco detalla, por ahora, cómo se acreditaría el requisito al momento del registro: qué autoridad emitiría la constancia, qué ocurriría con las observaciones que siguen en proceso de revisión o cómo se garantizaría el derecho de audiencia de quien busca la candidatura. Esos serán, previsiblemente, los temas centrales si la iniciativa llega a discusión en comisiones.
Lo que sí deja claro la propuesta es el mensaje político: para la senadora Guerra Mena, la posibilidad de repetir en el cargo debería ganarse primero con cuentas claras.
