Proponen inventario para proteger mercados históricos de la CDMX
Un punto de acuerdo solicita identificar mercados con valor histórico y cultural y coordinar criterios de conservación antes de intervenirlos.
El Congreso de la Ciudad de México pidió elaborar un inventario de mercados públicos con valor histórico y cultural. El objetivo del punto de acuerdo es contar con información que permita reconocer sus características patrimoniales y orientar intervenciones de conservación y modernización.
La comunicación legislativa del 17 de octubre señala que el exhorto fue aprobado el día 15. La propuesta fue impulsada por la diputada Érika Lizeth Rosales Medina, de la Asociación Parlamentaria del Partido del Trabajo.
El llamado está dirigido a las secretarías capitalinas de Cultura y de Desarrollo Económico. Plantea una coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y las 16 alcaldías.
El inventario propuesto tendría que identificar valores históricos, arquitectónicos, artísticos y urbanos. Esa información permitiría distinguir las características particulares de cada inmueble y evitar tratar de la misma manera espacios con trayectorias y necesidades diferentes.
El planteamiento incluye elaborar lineamientos técnicos antes de realizar trabajos de modernización. La relación entre servicios cotidianos y conservación es central: un mercado requiere condiciones de funcionamiento, pero también puede contener elementos que deban estudiarse antes de modificarlos.
Para comerciantes y visitantes, el anuncio se refiere a una petición de política pública. No establece por sí mismo nuevas restricciones para todos los locales ni prueba que un mercado específico haya recibido una declaratoria patrimonial individual.
Tampoco significa que el inventario esté concluido. La comunicación da cuenta de un exhorto legislativo; la elaboración, actualización y publicación de la información corresponderán a las autoridades y organismos que participen en su atención.
El seguimiento útil será conocer qué mercados se incluyen, qué criterios se utilizan y cómo se coordinarán las intervenciones con quienes trabajan en ellos. Esos documentos permitirán valorar el alcance real de la medida más allá de su aprobación en el Congreso.
Hasta entonces, conviene distinguir entre la solicitud del Legislativo y su ejecución administrativa. El punto de acuerdo abre una ruta de coordinación para el patrimonio de los mercados, sin equivaler todavía a un programa de obras con presupuesto y calendario confirmados.
