Cateo en CDMX: listas navales, papeles reservados y dos versiones

La Fiscalía General de la República informó el 7 de septiembre de 2026 que un cateo a una bodega arrendada en la Ciudad de México por Manuel Roberto Farías Laguna localizó objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentación clasificada como reservada y confidencial, y armas sin registro. El anuncio lo dio la fiscal Ernestina Godoy Ramos como parte de la investigación por una presunta red de huachicol fiscal. La preocupación no nace del lujo. Nace de que, según esa versión, información de la Secretaría de Marina estaba fuera de resguardo.

Al día siguiente, la defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, a través del abogado Epigmenio Mendieta Valdez, desmintió puntos centrales. Dijo que en el inmueble no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. Añadió que la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026 y que los documentos que la Fiscalía pretende atribuirles no están firmados por ellos, sino por el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Quedan, entonces, dos inventarios públicos de un mismo lugar.

Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante, fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y permanece en el CEFERESO Altiplano. Fernando Farías Laguna, excontralmirante, fue detenido en Buenos Aires en abril de 2026 y trasladado a México el 21 de agosto del mismo año; también está en Altiplano. Ambos enfrentan proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. En el medio naval se les identificaba como “Los Primos”. Son sobrinos políticos de Ojeda Durán, titular de Marina entre 2018 y 2024. Ese parentesco está documentado en el expediente público; la imputación penal contra Ojeda, no.

Godoy sostuvo que los hermanos intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, de la Agencia Nacional de Aduanas de México y de la propia Secretaría de Marina. Según esa versión, Manuel Roberto gestionaba de manera directa nombramientos y promociones. La Fiscalía describe un ciclo: buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y una red de empresas fachada para dar apariencia legal a los ingresos. La defensa pide carpeta íntegra y acceso a documentos que obran en poder de Marina.

El caso no empezó con la bodega. La FGR ha dicho que la investigación arrancó en 2024, cuando se le informó de indicios de una red de contrabando de combustible. En marzo de 2025 se aseguró un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. En distintas comparecencias oficiales el cargamento se ha cifrado en alrededor de 8 a 10 millones de litros. La Fiscalía ha hablado de un golpe superior a 340 millones de pesos solo por hidrocarburos recuperados en los primeros operativos de esa línea. La red, según el mismo relato, operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

El huachicol fiscal no es el bidón en la carretera. Es meter diésel o gasolina por aduana haciéndolo pasar por aceite o aditivo para no pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Como cambiarle la etiqueta al garrafón y cruzar la caseta como si llevaras agua. El faltante no se queda en el muelle: se reparte en impuestos no cobrados y en un mercado que compite con producto que no pagó lo que debía.

Sobre el cateo hay un dato duro y una zona gris. Dato duro: existe una orden desde el 1 de febrero de 2026 y la FGR presentó el hallazgo el 7 de septiembre. Zona gris: no hay, en lo público, un inventario detallado —folio por folio, arma por arma— que permita verificar de manera independiente si los papeles eran reservados, quién los firmó y si las armas estaban o no. Sin esa lista, el lector tiene un comunicado y una desmentida. No tiene el anaquel.

¿Qué cambia para quien no pisa un puerto? El IEPS de combustibles alimenta gasto público y el precio que se paga en la bomba. Si una aduana se vuelve pasillo, el costo no lo absorbe solo el expediente: lo absorbe Hacienda y el consumidor. Lo accionable, de aquí en adelante, no es opinar sobre la bodega. Es exigir lo que sí se puede medir: carpeta completa, criterio de clasificación de los documentos, comparecencia de quien figure en las firmas y una relación oficial de lo asegurado.

La defensa ya pidió que Ojeda Durán comparezca ante un juez y que se revisen los criterios con los que se reservó información. La Fiscalía sostiene que el hallazgo refuerza la acusación contra los hermanos. Mientras esas dos piezas no se crucen en un mismo expediente visible, la bodega de la Ciudad de México sigue siendo un cuarto con la luz a medias. La pregunta que se puede llevar a cualquier mesa es simple: si hay papeles de la Marina fuera de la Marina, ¿quién los sacó y quién debió reportar que faltaban?