El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó la orden ejecutiva titulada «Restoring Integrity to America’s Financial System», la cual impone términos restrictivos a las instituciones financieras del país respecto a los servicios y créditos otorgados a extranjeros sin autorización legal de trabajo. La medida establece un plazo de 60 días para que el Departamento del Tesoro emita alertas formales sobre patrones de riesgo bancario asociados a esta población.

La directiva vincula directamente el estatus migratorio con el riesgo crediticio estructural, argumentando que la posibilidad de una deportación altera la capacidad de pago de los deudores. Ante esto, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) dispone de dos meses para emitir directrices que permitan a los prestamistas evaluar la condición legal de los solicitantes como un factor de riesgo financiero legítimo.

Las estadísticas operativas de las instituciones bancarias sufrirán modificaciones debido a la fiscalización del Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN). Bajo el nuevo esquema, las cuentas abiertas mediante este documento pasarán de forma automática a protocolos de debida diligencia mejorada (enhanced due diligence), elevando los requisitos de cumplimiento para evitar la pérdida de activos por cese imprevisto de ingresos.

En el ámbito de las reformas estructurales, el Departamento del Tesoro propondrá modificaciones a la Ley de Secreto Bancario en un plazo no mayor a 90 días. Estas reformas obligarán a las entidades financieras a identificar de manera inequívoca a los beneficiarios reales de las cuentas y a verificar de forma mandatoria la existencia de una autorización laboral válida en territorio estadounidense.

El impacto cuantificable de la orden se extiende al sector de remesas y plataformas de pago electrónico peer-to-peer (P2P). Los reguladores deberán rastrear de manera sistemática los patrones de depósitos y retiros en efectivo que se sitúen recurrentemente justo por debajo de los límites legales de reporte, una práctica identificada técnicamente como estructuración para el desvío de nóminas informales.

Dentro de una ventana de 180 días, la administración federal ejecutará una revisión exhaustiva de los programas de identificación de clientes que aceptan documentos emitidos por gobiernos extranjeros. Las tarjetas de identificación consular, incluyendo la matrícula consular mexicana, serán sometidas a restricciones estrictas para impedir su uso como documento primario en la apertura de cuentas de depósito.

La implementación de estas medidas contará con la supervisión coordinada de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC). Dichos organismos tienen la obligación de entregar manuales de gestión de riesgo a los bancos comerciales para asegurar que las carteras de crédito automotriz, hipotecario y de consumo absorban el impacto financiero de las bajas laborales por motivos migratorios.